No puede ser que en pleno siglo XXI nos encontremos titulares como el siguiente: “La desigualdad en España escala hasta niveles máximos y golpea a jóvenes y migrantes”.
¿Qué estamos haciendo mal?, o mejor, ¿qué deberíamos hacer para reducir esta desigualdad?
Es incorrecto asociar la desigualdad únicamente al poder adquisitivo de las personas. La desigualdad también engloba la facilidad de acceso de las personas a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, las expectativas de vida de cada uno, la cultura, la etnia y la raza, entre otros. Así pues, podríamos hablar de infinitos tipos de desigualdad, de hecho, no hay una definición exacta, ya que es un término tan amplio que sería erróneo atribuirle un solo significado. No obstante, las que han liderado los grandes debates mundiales y han estado en el orden del día desde hace años son la desigualdad social, económica, sanitaria, de género y educacional. Y sobre esta última me gustaría hacer hincapié.
La desigualdad educativa existe y es alarmante, porque significa que ya desde pequeños existen barreras, barreras que en el caso de la educación se traducen en desigualdad de oportunidades, fracaso y absentismo escolar, falta de desarrollo de las capacidades personales y baja calidad de la enseñanza, entre muchas otras. Luchar por conseguir una igualdad en la educación debería ser clave para terminar con la desigualdad social y para garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades. Dos piezas fundamentales para conseguirlo son, en primer lugar, la familia y su compromiso con la escuela, cuanto mayor sea este compromiso, mayor será el progreso educativo de los hijos, y, en segundo lugar, el funcionamiento del sistema educativo, si este último no evoluciona y se adapta a las necesidades de la sociedad, nada será posible.
A modo de ejemplo, según datos del INE, en el año 2020 el abandono temprano de la educación alcanzó las cifras de 20,2% en el caso de los hombres y 11,6% en el caso de las mujeres.
Aunque lo peor de todo esto es que esta falta de igualdad está frenando el crecimiento económico de nuestra sociedad. Pero ¿por qué? En primer lugar, porque si hubiera un mayor reparto de las oportunidades, aumentaría la eficiencia y productividad del país y, en segundo lugar, porque actualmente las políticas públicas se diseñan para beneficiar y proteger los intereses de aquellos que concentran gran parte de la riqueza de nuestro país y no para invertir en capital social, físico, educacional y en investigación. Incluso la propia OCDE o el FMI han afirmado que existe una “correlación negativa” entre la desigualdad y el crecimiento económico del país.
Como bien he dicho, la desigualdad es mucho más que la diferencia entre el poder adquisitivo de unos y otros y su impacto en la sociedad es cada vez más negativo, por lo que es necesario diseñar una hoja de ruta más precisa y detallada por parte de cada país y de la Unión Europea para combatirla.